En Venezuela hay leyes que se quedaron congeladas en el tiempo. Una de ellas es la Ley de Propiedad Horizontal, vigente desde septiembre de 1958, un texto pensado para una Caracas de casas bajas, sin torres, sin WhatsApp de vecinos y sin asambleas hechas por videollamada. Ahora, el abogado especialista en derecho inmobiliario Rafael Ángel Viso Ingenuo, director de Procondominios, empuja un proyecto para derogarla y meter al país en otra conversación jurídica.

El borrador no es poca cosa: más de 236 artículos, ya en su sexta versión, que además contempla consignar ante la Presidencia de la Asamblea Nacional amparándose en el derecho de petición del artículo 51 de la Constitución. ¿El gancho para PitbullChain? Que varias de sus propuestas tocan directamente cómo los venezolanos generan, cobran y resguardan valor en bolívares y en dólares digitales.

Sunafin, morosos y cobro exprés: el hueco que el P2P puede llenar

La propuesta crea una Superintendencia Nacional de Comunidades Inmobiliarias (Sunafin) y un fondo nacional de financiamiento para el sector. Pero el punto que prende alarmas —y también oportunidades— es el ataque frontal a la morosidad. Según Viso, un comunero insolvente no podría postularse para presidir su comunidad ni usar las áreas comunes «a costilla de sus vecinos».

El proyecto abrevia los procesos de cobro y busca frenar distorsiones en la vida interna de los edificios. Aquí es donde el ecosistema cripto venezolano tiene algo que decir. En muchos condominios del país, la cuota mensual ya se calcula en dólares y se paga en efectivo, por Pago Móvil o, cada vez más, con USDT al cambio del día. Si la ley empuja mecanismos de cobranza extrajudicial inmediata, la pregunta lógica es qué tan preparadas están las administradoras para recibir pagos digitales, emitir comprobantes verificables y llevar contabilidad transparente. Una junta de condominio que maneja USDT sin trazabilidad es un problema legal esperando a estallar.

Voto electrónico comunitario: el guiño tecnológico que nadie esperaba

El texto promueve herramientas tecnológicas para el voto y la participación electrónica en las elecciones comunitarias. Suena simple, pero es enorme: significa que las asambleas podrían dejar de depender del que grita más fuerte en la cancha o del papelito firmado a medianoche.

Desde la lógica blockchain, esto conecta con un debate que PitbullChain viene siguiendo: registros inmutables, votaciones auditables y actas que no puedan «aparecer» editadas semanas después. No hace falta tokenizar un condominio para beneficiarse de la idea. Basta con que las decisiones de la junta queden en un registro que ningún vecino pueda borrar a conveniencia.

Titularidad plena: más inmuebles, más liquidez, más mercado

Uno de los cambios más profundos apunta a la Gran Misión Vivienda Venezuela. El proyecto elimina la figura del adjudicatario y entrega plena titularidad: los inmuebles pasarían al dominio privado mediante créditos preferenciales, convirtiéndose en bienes heredables y comercializables.

Traducido al mercado real: si miles de apartamentos hoy «no vendibles» empiezan a tener título pleno, se abre un universo de propiedades que pueden usarse como garantía, venderse o incluso explorar esquemas de tokenización de activos inmobiliarios. Para el venezolano que ahorra en USDT pensando en comprar techo propio, esto cambia el tablero. Más oferta formal también significa más transacciones donde alguien querrá convertir dólares digitales a bolívares —o al revés— para cerrar el negocio.

El punto polémico: adiós a los alquileres cortos

Aquí llega el asterisco. El proyecto prohíbe la explotación hotelera y los alquileres temporales en inmuebles residenciales de zonas urbanas y playeras. La intención es frenar la distorsión que sufren los vecinos cuando su edificio se convierte en hotel encubierto, con turistas entrando y saliendo, maletas a medianoche y precios de alquiler por las nubes.

El problema es que muchos venezolanos sostienen su economía familiar precisamente rentando cuartos por noches en zonas costeras, cobrando en efectivo o en USDT vía apps. Prohibir esa actividad sin ofrecer alternativas puede empujar esas operaciones a la informalidad total, justo lo contrario de lo que busca una norma que habla de rendición de cuentas y auditorías forenses.

La lectura PitbullChain

El proyecto también incluye protocolos para gestionar condominios durante desastres naturales, emergencias sanitarias y conmociones sociopolíticas, además de autonomía energética con sistemas sustentables y regulación de pozos profundos de agua. Temas que, en un país con apagones y sequías recurrentes, suenan menos a lujo jurídico y más a supervivencia básica.

La pelota está en la Asamblea Nacional y el debate también se llevará a las escuelas de Derecho de la UCV y la UCAB. Viso presentará el papel de trabajo el 17 de octubre en Maracay, en un taller gratuito con inscripción por correo.

Nuestra lectura desde PitbullChain es clara: mientras el marco legal de 1958 siga vigente, los condominios venezolanos seguirán resolviendo sus finanzas en la práctica, no en el papel. Y esa práctica, cada vez más, pasa por teléfonos, Pago Móvil, Binance y tasas del BCV que cambian tres veces al día. Cualquier ley que quiera modernizar las comunidades tendrá que mirar de frente esa realidad digital. Si no lo hace, quedará tan desactualizada como la norma que pretende enterrar.