Washington movió otra pieza en el tablero energético y, como casi siempre, la onda expansiva llega hasta el mercado paralelo venezolano. El 14 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió la Licencia General N.º 52C, un texto que reemplaza a la 52B y que amplía el oxígeno jurídico para que compañías estadounidenses hagan negocios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales con al menos 50% de capital accionario.

Qué habilita realmente la 52C

El documento no es un cheque en blanco, sino un corredor delimitado. Las autorizaciones aplican únicamente a entidades de EE.UU. constituidas en o antes del 29 de enero de 2025, las cuales podrán entablar y ejecutar relaciones comerciales o contractuales con Pdvsa dentro de los marcos previstos, dejando atrás varias prohibiciones de las órdenes ejecutivas 13884 y 13850.

El detalle fino está en el dinero. Todo pago dirigido a personas u organismos bloqueados debe canalizarse a través de los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros bajo la Orden Ejecutiva 14373, o en las cuentas que designe el Tesoro. Solo escapan de esa exigencia los pagos por impuestos, permisos o tasas locales.

Además, cualquier contrato firmado al amparo de esta licencia debe incluir cláusulas que fijen el arbitraje y la resolución de litigios en jurisdicciones de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Y las exportaciones de crudo o petroquímicos venezolanos hacia destinos distintos de EE.UU. requerirán informes detallados ante el Departamento de Estado y el Departamento de Energía.

El veto cripto que nadie debe pasar por alto

Aquí es donde PitbullChain pone la lupa. La 52C mantiene una prohibición explícita: no se autorizan pagos en criptomonedas ni en tokens emitidos por Venezuela. Tampoco canjes por deuda, operaciones en oro ni condiciones comerciales que el Tesoro considere irrazonables.

Traducido al día a día: cualquier operación petrolera o comercial que pretenda cerrarse con un token de emisión estatal queda fuera de la cancha. No es una sorpresa, pero sí un recordatorio de que el ecosistema cripto venezolano tiene una línea divisoria clara entre lo que se emite desde el Estado y lo que circula libremente en el mercado global.

La licencia también prohíbe transacciones con personas, empresas o joint ventures vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, y bloquea cualquier cambio que altere la junta directiva, gerencia o gobernanza de CITGO Petroleum, Citgo Holding o PDV Holding. Tampoco autoriza liquidar bonos soberanos o de Pdvsa, ni ejecutar embargos, laudos o sentencias contra activos bloqueados.

Qué significa para el P2P y los usuarios de USDT

Para el mercado peer to peer venezolano el mensaje es agridulce. Por un lado, el veto a los tokens de emisión local consolida al USDT como la referencia práctica para quien necesita mover valor sin fricción regulatoria: no es un token venezolano, no está emitido por el Estado y sigue siendo la moneda de facto de las mesas P2P en bolívares.

Por el otro, el hecho de que los pagos ligados a Pdvsa deban pasar por cuentas oficiales del Tesoro reduce el espacio para que el cripto se cuele como mecanismo de liquidación en el circuito petrolero. Es decir: menos cripto en el negocio energético formal, pero el mismo cripto —o más— en la economía real del día a día, donde el USDT resuelve remesas, pagos a proveedores y resguardo de valor frente al bolívar.

Ojo con un matiz importante: la licencia no toca ni prohíbe el P2P entre particulares. El riesgo no está en vender USDT por VES, sino en intentar usar cripto como canal de pago para operaciones alcanzadas por las sanciones. Ahí la exposición para mesas, comercios y exchanges locales puede ser real, sobre todo si alguna contraparte estadounidense participa en la cadena.

Dólar, BCV y la brecha que no se cierra

En el plano cambiario, una flexibilización petrolera suele alimentar la expectativa de mayor ingreso de divisas. Si esa expectativa se materializa, el BCV gana algo de aire para intervenir y contener la cotización oficial. Pero la experiencia venezolana enseña que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo responde más a la liquidez real y a la demanda de protección de los ahorristas que a los anuncios.

Mientras esa brecha persista, el P2P seguirá funcionando como termómetro: cuando la presión sube, la cotización del USDT en bolívares se despega primero y arrastra después al resto del mercado.

Banca digital y cumplimiento: la letra pequeña

Para la banca venezolana y las fintech que operan con corresponsalía internacional, la 52C es una señal de doble filo. Reactiva la posibilidad de relacionamiento comercial con filiales de Pdvsa, pero exige compliance quirúrgico: documentar el origen de fondos, verificar listas de la OFAC y blindar los contratos con cláusulas arbitrales válidas.

Las plataformas de cambio y los operadores P2P deberían leer la licencia como una invitación a reforzar sus políticas KYC/AML. Un expediente ordenado no solo protege a la mesa; también le abre la puerta a bancos que hoy miran con lupa cualquier flujo vinculado a criptoactivos.

Lo que viene

La 52C dibuja un canal regulado, no una apertura total. Washington quiere petróleo venezolano circulando bajo su radar y, al mismo tiempo, mantener el cerco financiero intacto. Para el ecosistema cripto local el mensaje es claro: el USDT y el P2P seguirán siendo el pulmón de la economía cotidiana, pero cualquier intento de mezclarlos con operaciones sancionadas será terreno minado.

En PitbullChain seguiremos monitoreando cómo esta licencia mueve el dólar, la banca y las mesas P2P en las próximas semanas.