Pisella propone devolver activos no pagados: la señal que espera el capital

En Venezuela, cada anuncio sobre propiedad privada se lee con lupa. Por eso la propuesta de Luigi Pisella, vocero del sector privado en la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, merece más atención de la que sugiere su tono técnico: los activos expropiados o confiscados que nunca fueron indemnizados —o cuyo pago quedó a medias— deberían regresar a sus legítimos dueños, en vez de entrar en paquetes de privatización o subastas.

La lógica es simple y difícil de rebatir: el Estado no puede vender lo que no es suyo. «La expropiación está contemplada en la Constitución y aplica para aquellos activos cuyo proceso terminó y se pagó», sostuvo Pisella, diferenciando los casos cerrados de aquellos que arrastran deudas o litigios pendientes. Cada expediente, dijo, se evaluará por separado.

Devolver en lugar de rematar: el cambio de enfoque

Lo relevante no es solo la medida, sino el marco mental que introduce. Durante años, el debate sobre los activos del Estado se concentró en cómo venderlos: subastas públicas, licitaciones, operaciones a través de la Bolsa de Valores. La propuesta de Pisella añade un paso previo que muchos inversionistas venían reclamando: primero hay que resolver la titularidad. Sin eso, cualquier comprador asume un riesgo judicial que ningún descuento compensa.

El dirigente gremial fue explícito en el objetivo de fondo: enviar una señal de certidumbre al empresariado nacional y, sobre todo, al capital extranjero. Es un mensaje que en PitbullChain leemos en clave de confianza transaccional, porque en el mercado cambiario y cripto venezolano la confianza es literalmente el activo más escaso.

Blindaje legal: la parte que falta por definir

Pisella habló de buscar «todas las alternativas legales» para blindar la decisión en el tiempo. Ahí está el nudo. Una propuesta política sin instrumento normativo firme se queda en declaración de intenciones, y el mercado venezolano tiene memoria: ha visto anuncios que se diluyen en el camino. La diferencia entre una señal y un cambio real estará en si la devolución queda escrita en un marco que sobreviva a los ciclos.

Qué significa esto para el P2P venezolano

A primera vista, devolver galpones y empresas expropiadas no toca el día a día de quien compra y vende USDT. Pero el vaso comunicante existe y es directo. El mercado P2P opera sobre un supuesto básico: que el dinero que entra y sale tiene respaldo jurídico, que las cuentas bancarias no desaparecen por decisión administrativa y que el comerciante puede sostener su actividad en el tiempo.

Cada vez que el país discute reglas claras de propiedad, el spread informal tiende a comportarse distinto. No porque los operadores lean el boletín oficial, sino porque el clima de riesgo país se filtra en la prima que exigen para mover bolívares. Si la propuesta avanza, el efecto esperado es una reducción gradual de esa prima de desconfianza, especialmente en operaciones de volumen mediano y alto.

Dólar, USDT y expectativas

El otro canal es el cambiario. Las noticias que mejoran la percepción de seguridad jurídica suelen traducirse en mayor disposición a invertir y, con ella, en presión sobre la demanda de divisas para capital de trabajo. En el corto plazo, eso puede convivir con un tipo de cambio tensionado; en el mediano, una economía que recupera activos productivos genera más oferta de bienes y servicios, lo que a la larga resta presión al dólar paralelo.

Para los tenedores de USDT, el punto práctico es otro: mientras más se formalice la actividad económica, más probable es que aparezcan rampas de entrada y salida con mejores condiciones, incluyendo la banca digital. La tokenización de activos —incluidos inmuebles o participaciones empresariales— solo despega cuando la titularidad está limpia. Sin títulos claros no hay colateral; sin colateral, no hay crédito descentralizado serio.

Subastas, Bolsa de Valores y banca digital

Pisella también planteó que la venta de empresas en manos del Estado se haga mediante subastas públicas, licitaciones transparentes y operaciones por la Bolsa de Valores, con la promesa de estabilidad laboral e inyección de capital para mejoras salariales progresivas. Ese combo, si se ejecuta, oxigena un sistema financiero que hoy mueve más pagos digitales que crédito productivo.

La banca venezolana lleva años aprendiendo a operar en un entorno de restricciones. Un flujo real de capital hacia empresas reabriría la puerta a productos que hoy son marginales: financiamiento de capital de trabajo, factoring, custodia de valores. Y ahí el ecosistema cripto local tiene algo que aportar, no como sustituto de la banca, sino como infraestructura de liquidación rápida para un mercado que sigue desconfiando de los tiempos bancarios.

Lo que hay que vigilar

Tres cosas. Primera: si la devolución se convierte en ley o se queda en discurso. Segunda: cómo se resuelven los casos con pagos parciales, que son la mayoría y los más complejos. Tercera: si el proceso de subastas se abre de verdad a la Bolsa de Valores y a operadores privados con reglas verificables.

Para el usuario venezolano de cripto, la lectura es de paciencia activa. La propuesta de Pisella no cambia hoy el precio del USDT en el P2P, pero sí mueve una pieza que llevaba años quieta: la idea de que en Venezuela la propiedad privada puede volver a ser un derecho exigible. Cuando eso pasa, el capital —incluido el digital— empieza a mirar distinto.